A pesar de que el acoso y
maltrato en línea contra las mujeres viene creciendo en Latinoamérica, en
Colombia no hay información concreta para diseñar políticas públicas y
legislación para enfrentar estos fenómenos.
Ómar Emanuel Falcón Torres,
conocido en internet como Medeabot, es un ciberdelincuente puertorriqueño que
en 2017 se declaró culpable por 55 casos relacionados con violencia en línea
contra las mujeres y acoso digital en redes sociales. Falcón Torres enfrenta
cargos por divulgación de comunicaciones, alteración y uso de datos personales
en archivos, acecho constante y repetitivo y apropiación ilegal de identidad.
Tiene, además, otras 46 acusaciones menos graves por amenazas e intrusión en la
tranquilidad de sus víctimas.
Según la investigación, publicada
parcialmente en el “Reporte de la situación de América Latina sobre la
violencia de género ejercida por medios electrónicos”, Medeabot utilizó más de
300 cuentas de Twitter para acosar y amedrentar mujeres. “Voy a dejar a tu
marido sin esposa”, “mira que tú eres fácil de secuestrar”, “tú no tienes
dignidad”, “te voy a matar”, eran algunas de las frases del repertorio criminal
de este usuario. Incluso, una de las afectadas lo denunció por haberle enviado
190 mensajes de texto no deseados a su celular, en varios días, y por haber
publicado su número de teléfono en un sitio de internet, acompañado de fotos
falsas como parte de un anuncio ofreciendo servicios sexuales.
El caso de Falcón Torres,
emblemático por su magnitud y alcance mediático en Puerto Rico, es sólo una de
las múltiples caras del acoso en línea contra las mujeres y se repite de forma
silenciosa y sistemática en el resto de América Latina, incluida Colombia. La
Fundación Karisma, una organización de la sociedad civil que trabaja en la
defensa de la libertad de expresión, la privacidad y la igualdad de género en los
espacios digitales, cree que el fenómeno de violencia de género en línea en
nuestro país es más complejo, porque hay un vacío significativo y generalizado
en las estadísticas.
“Sin datos, sin conocimiento y
caracterización del problema, no cabe duda de que cualquier política, norma,
estrategia y/o acción por parte del Estado será más bien una acción para dar
palos en el aire”, aseguró Amalia Toledo, investigadora de Karisma y autora del
artículo “Colombia, sin estrategias para combatir la violencia digital”.
Aunque en el país aún no haya
cifras compiladas de la violencia en línea, vale la pena recordar los datos de
otras clases de agresiones contra la mujer para entender la gravedad del
fenómeno. Según Medicina Legal, el 59 % de las víctimas de los 26.473 casos de
violencia en el contexto familiar presentados en 2016 fueron mujeres. En cuanto
a la violencia de pareja o expareja, la mujer es la víctima en el 86 % de los
más de medio millón de casos reportados en ese periodo. La organización
colombiana Sisma Mujer estima que una mujer es asesinada por su pareja o
expareja sentimental cada tres días, un incremento de 12 % durante el último
año.
De acuerdo con Karisma, la
ausencia de registros concretos en casos de violencia en línea contra las
mujeres genera un preocupante vacío jurídico que deviene en altos índices de
impunidad. “Las actuales normas en materia de violencia contra la mujer en
Colombia aún no cuentan con estrategias de abordaje y control en entornos
digitales. Esto supone un reto importante porque las TIC, en especial internet,
se están configurando como un nuevo campo de tensión para las mujeres”, añadió
Toledo.
El problema radica en que la
violencia digital contra las mujeres no sólo replica las dinámicas de violencia
del mundo fuera de línea, sino que, por la naturaleza de internet, agudiza y
agrava los efectos y consecuencias negativas de este tipo de acoso. “En la red
los contenidos violentos son fácil y ampliamente difundidos y compartidos entre
muchas personas, además de que permanecen accesibles durante mucho más tiempo
después del incidente inicial”, se lee en un informe presentado, en noviembre
pasado, por Karisma a Dubravka Šimonović, relatora especial sobre la violencia
contra la mujer de la ONU.
Algunas de las manifestaciones de
la violencia digital más comunes en Colombia, según el informe, son “el
ciberacoso exhibido a través de la difusión de rumores y la publicación de
mensajes denigrantes; la divulgación sin consentimiento de fotos con contenido
íntimo sexual; la revelación de información personal como ubicación, contactos;
la sextorsión o chantaje con una imagen de contenido sexual de la víctima; amenazas
de violencia física o de muerte”.
Una investigación sobre violencia
en línea contra la mujer en México, realizada por el colectivo de mujeres
@Luchadoras, demuestra que, además de la falta de estadísticas, la ausencia de
políticas públicas, los vacíos jurídicos y la impunidad reinante hay otro
factor que hace más vulnerables y revictimiza a las mujeres acosadas: los
impactos de la violencia en línea suelen ser desestimados y subvalorados por
las personas cercanas a las afectadas y por las autoridades. “Al tratarse de
ataques que se cometen en el ámbito virtual, no se consideran reales”, dice el
documento de @Luchadoras, y añade: “Sin embargo, estas violencias tienen
impactos y consecuencias graves en la vida cotidiana de las mujeres”.
